Los delitos de terrorismo, sedición y alzamiento armado violan el principio de legalidad; son tan abiertos que cualquier persona que reclama, protesta o pide cumplir con la Constitución puede ser acusada de cometer los mismos.
El ex ministro de justicia Iván Lima, a través de su cuenta en X, cree que se debería revisar el proceso penal contra el gobernador Luis Fernando Camacho en el caso “Golpe 1”, pero también el proceso contra los dirigentes Evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho por el caso del bloqueo pues todos son acusados por terrorismo, delito que fue declarado inconstitucional.
“Ahora, Luis Fernando Camacho, ha presentado una acción de inconstitucionalidad concreta en contra del delito de terrorismo. El Expediente 69010-2024-139-AIC se encuentra ante la Comisión de Admisión, porque, la acción fue rechazada por el Tribunal que lleva el juicio y corresponde que la misma se tramite ante el TCP. De tener éxito esa acción, y declararse inconstitucional el delito de terrorismo, el Ministerio Público tendría que ajustar la imputación formal si decide seguir con los casos”.
“El caso llevado por terrorismo y otros delitos en contra de Humberto Claros, Ramiro Cucho y otros dirigentes sociales es manifiestamente inconstitucional porque para acusarlos se utiliza un delito cuestionado en su Convencionalidad y porque al hacerlo se criminaliza la protesta social y la libertad de expresión. La revisión de la imputación y las actuaciones realizadas me permiten afirmar que es un caso que debe ser analizado a la luz de la Convención y la Constitución, porque las acciones imputadas se basan en tipificaciones cuestionadas por el GIEI de la CIDH. Está en juego la fe del estado”, escribió Lima en su red social.
Asimismo, recordó que los delitos de terrorismo, sedición (ya declarado inconstitucional por la SCP 4/2022) y alzamiento armado violan el principio de legalidad; son tan abiertos que cualquier persona que reclama, protesta o pide cumplir con la Constitución puede ser acusada de cometer los mismos. Esto pasó con el caso del Hotel Las Amétricas, el EGTK, los hechos del 2019 y ahora la protesta encabezada por dirigentes sociales.
El GIEI de la CIDH (en concreto el punto 11 de sus recomendaciones de 2021, que fue aceptada por el presidente Arce), recomiendan modificar el delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo adecuando su texto a los Convenios Internacionales. En cumplimiento de ese mandato, el gobierno del presidente Arce remitió a la Asamblea proyectos de ley para cambiar ese tipo penal y adecuarlo a la Constitución. El último de ellos el PL 280 de 22 de febrero de 2023.
Mire la publicación del ex ministro Lima:
https://x.com/ivanlimamagne/status/1895269367866151303