El proyecto de ley será tratado este jueves por la Asamblea Legislativa Departamental Trabajadores en salud, adultos mayores y campesinos se movilizan en rechazo a la Ley de Emergencia Financiera enviada por la Gobernación de Tarija para su debate y aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
El proyecto de ley será tratado este jueves por la entidad legislativa.
Omar Velásquez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de Tarija, dijo que están en desacuerdo con la propuesta del gobernador Óscar Montes que busca eliminar programas sociales, como el Programa Solidario Comunal (Prosol) y la canasta alimentaria para los adultos mayores.
Asimismo, el dirigente afirmó que la Gobernación propone que los ítems de salud sean financiados por los municipios del departamento, cuando debería asumir y exigir al gobierno central que también lo haga.
«Con esa normativa, quiere liberar recursos y después administrar a gusto ese dinero. Más bien debería presentar una Ley de cómo captar financiamiento externo y reducir la burocracia en la entidad subnacional si se habla de que bajan los ingresos por regalías petroleras», declaró.
El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Celestino Barro, se sumó a la protesta, al decir que enviaron una carta al gobernador Óscar Montes para dialogar sobre los ítems de salud.
Según Barro, están en riesgo 628 ítems de salud si la Gobernación deja de financiarlos y transfiere esa responsabilidad a los Gobiernos Municipales, que en su mayoría no disponen de dinero en la actualidad.
«Antes se debe socializar la Ley de Emergencia Financiera para lograr acuerdos y no aprobar para imponer, como quiere el gobernador Montes. El tema de salud es prioridad», aseveró Barro.
Lourdes Centellas, representante de los jubilados, manifestó que su sector rechaza la suspensión de la canasta alimentaria, porque muchos de ellos perciben rentas bajas y la entrega de alimentos es una ayuda.
El vocero de la Gobernación, César Ramos, aclaró que se pretende regular los programas sociales y no eliminarlos porque con la Ley de Emergencia Financiera se apunta a «salvar» las finanzas de la entidad.
«En la canasta alimentaria se entregará a los que realmente lo necesitan y no cuentan con una jubilación, y en el Prosol se pretende establecer un monto fijo de entrega a los campesinos productores», indicó Ramos.
La entidad subnacional envió el proyecto de ley para que los programas sociales se adapten a la nueva realidad económica o, caso contrario, se tendrá que aplicar el cierre gradual de sus actividades administrativas desde abril.
Fuente: El deber