El convenio contempla la entrega de 480 mil hectáreas a cambio de una cuota anual. Representantes de Kailasa estuvieron en un acto público con el presidente Luis Arce
Tres pueblos indígenas de Bolivia “alquilaron” parte de sus territorios a un Estado que no existe: Estados Unidos de Kailasa. Según una investigación realizada por el periódico El Deber, los documentos de arrendamiento fueron firmados entre septiembre y noviembre de 2024 e incluyen el alquiler de las tierras por “mil años” bajo un acuerdo que se renovará “automáticamente y perpetuamente”.
Las poblaciones que firmaron los “convenios bilaterales” son la nación Baure, los Cayubaba y los Esse Ejja, que habitan en los departamentos amazónicos de Beni y Pando. Según los documentos revisados por el periódico cruceño, los dirigentes de estas comunidades recibirán entre 28 mil y 108 mil dólares anuales por el arrendamiento.
En los tres convenios, las hectáreas entregadas a los dirigentes del supuesto estado suman 480 mil y tienen carácter irrevocable. La cesión incluye derechos sobre el espacio aéreo y los recursos naturales, y se concretarán una vez que se terminen estudios y evaluaciones topográficos y sean ratificados por el Gobierno.
La organización política de los pueblos indígenas en Bolivia es bastante autónoma y se asemeja a la de un Estado federal con algunas limitaciones. La Constitución Política del Estado “garantiza” el ejercicio del autogobierno y la libre determinación en cuestiones como la gestión territorial, pero establece que todos los acuerdos internacionales son competencia exclusiva del Gobierno nacional.
El investigador antropólogo Gonzalo Vargas explicó a Infobae que Bolivia es un “Estado Plurinacional” precisamente “porque los pueblos indígenas ahora tienen la capacidad del autogobierno, pero que esa capacidad tiene límites establecidos en la CPE (…) en el marco de mantener y resguardar la soberanía del pueblo boliviano, el Gobierno tiene como competencia privativa el ejercicio de las relaciones internacionales y la preservación de la soberanía”.
Sobre estos acuerdos ilegales, la Cancillería ha emitido un escueto comunicado en el que simplemente señala que no tiene ninguna relación con Kailasa y que este supuesto estado no está formalmente reconocido por la comunidad internacional.
Sin embargo, representantes de Kailasa en Bolivia estuvieron en un acto público con el presidente Luis Arce. Tras darse a conocer los acuerdos, surgió una fotografía del primer mandatario recibiendo un libro de manos de una mujer miembro de este grupo durante la celebración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) el pasado 3 de octubre. También se vieron fotografías del diputado opositor Herbert Taboada con la gente de Kailasa en su sede administrativa en Los Ángeles, Estados Unidos.
“Para poner las cosas en su lugar, el supuesto de Kailsa, para cualquier relación o proyecto que quiera hacer con Bolivia debe establecer relaciones con las autoridades del nivel central del Estado boliviano a través de la Cancillería”, explicó Vargas y dijo que estos acuerdos pueden violar la soberanía del país.
El supuesto estado se asemeja más a una secta religiosa que a un país. Según sus líderes, sus tierras se perdieron bajo el océano Índico, lo que llevó a su gente a buscar nuevos territorios. Detrás de esta trama está el autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, quien se presenta como “fundador” del país desde 2019 y que estuvo involucrado en denuncias de violencia sexual.
En búsqueda de tierras llegaron a Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y ahora en Bolivia, pero su paso no estuvo exento de problemas. En Paraguay, un ministro fue destituido de su cargo en 2023 por haber firmado un acuerdo con Kailasa para recibir ayuda para su país. En 2024, un monje del supuesto estado se reunió en un acto oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la ministra ecuatoriana de medioambiente, que generó cuestionamientos y provocó un comunicado del Gobierno explicando el acercamiento. Pese a su inexistencia, representantes del estado inexistente lograron asistir a dos sesiones de la ONU en Ginebra (Suiza).
Tras revelarse el acercamiento con pueblos indígenas y funcionarios públicos bolivianos, incluido el propio presidente, la periodista del periódico El Deber que investigó el caso recibió amenazas. “Niña, no sabes con quién te has metido”, le dijo a través un audio un dirigente de nación Baure que firmó el “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas por 108 mil dólares anuales.
La intimidación provocó el rechazo de gremios periodísticos e incluso la Defensoría del Pueblo y llevó al dirigente baure a pedir disculpas: “Estaba pasado de copas”, justificó.
En medio de este escándalo por los negociados de tierras y el encuentro con el presidente Arce, ni la Cancillería ni otra instancia del Gobierno han dado más explicaciones hasta el cierre de esta nota. En tanto, representantes de poblaciones indígenas se contradicen, algunos manifestaron que desistieron de firmar los acuerdos, otros aseguran que están vigentes y que incluso los representantes de Kailasa ya tienen viviendas construidas en esos territorios.
La única salvaguarda que queda para preservar la soberanía del país es la que marca la Constitución Política del Estado y le corresponde al Gobierno hacer respetar el territorio nacional. Sin embargo, de momento, no hay más que incertidumbre sobre el alcance de estos acuerdos y las acciones que se deben realizar para evitar que se concreten