El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que con la reciente modificación de la Carta Magna, la dictadura de Ortega y Murillo consolidó su control absoluto sobre el poder judicial, legislativo y electoral
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas advirtió este miércoles que las recientes reformas a la Constitución del país centroamericano, aprobadas por la dictadura de Daniel Ortega, representan una “sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales”.
El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de expertos, afirmó que con esta acción el régimen sandinista consolidó su control absoluto sobre el poder judicial, legislativo y electoral.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con poder para suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a la llamada ‘policías voluntarios’ como tropas de choque”, advirtió.
“Estos cambios grotescos son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua”, agregó el abogado.
“Oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados”, indicó el integrante del Grupo de Expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022 para investigar todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes una reforma constitucional que establece la figura de copresidente y copresidenta, amplía de cinco a seis años el período presidencial y otorga al Ejecutivo la capacidad de coordinar los demás poderes del Estado.
La enmienda fue promovida por el líder del régimen, Daniel Ortega, y aprobada en segunda y definitiva votación por unanimidad en el Parlamento, controlado por la dictadura.
La modificación constitucional dispone que la Presidencia de la República estará integrada por un copresidente y una copresidenta, elegidos mediante sufragio universal.
Además, establece que los candidatos deben haber residido de manera continua en Nicaragua los seis años previos a la elección, no haber sido declarados “traidores a la patria” ni haber adquirido otra nacionalidad. Con esto, se excluye a líderes opositores que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023.
Asimismo, la reforma establece que la Presidencia de la República dirigirá al Gobierno y coordinará los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales. También tendrá la facultad de nombrar a magistrados judiciales y electorales, y ejercerá la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Desde que retornó al poder en 2007, el dictador Daniel Ortega impulsó 12 reformas constitucionales, incluida una que eliminó los límites a la reelección presidencial. La actual enmienda será completada el 30 de enero, según el cronograma del Parlamento.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó múltiples violaciones a los derechos fundamentales en el país desde las protestas de abril de 2018.
Organismos internacionales denunciaron la consolidación de un régimen autoritario, el cierre del espacio cívico y la persecución de opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Nuevo ataque a la Iglesia Católica
Entretanto, más de 30 monjas fueron expulsadas de tres conventos en Nicaragua y su paradero es incierto, según denunció este miércoles una investigadora en temas de la Iglesia y medios nicaragüenses en el exilio.
La abogada y experta en asuntos de la Iglesia católica, la nicaragüense Martha Patricia Molina, dijo que las monjas de la Orden de Santa Clara fueron “sacadas, desalojadas de sus monasterios” la noche del martes por la dictadura.
Molina agregó que hasta el momento se desconoce el paradero de las monjas, la mayoría nicaragüenses, o “si salieron del país”.
“Noche de terror para religiosas: Dictadura sandinista notifica a las religiosas Clarisas que deben de abandonar sus propiedades. Solamente dejaron que sacaran pocas pertenencias, lo que le alcanzaba apenas en sus manos”, escribió en la red X la activista, exiliada en Estados Unidos.
Según el medio Confidencial, editado en el exilio desde Costa Rica, las religiosas fueron expulsadas de conventos en Managua, la capital, y en Matagalpa (norte) y Chinandega (noroeste).
Mientras que el diario La Prensa, cuya redacción también está exiliada, detalló que la orden religiosa se estableció legalmente en Nicaragua en 2004, pero en 2023 fue cancelada junto a otras ONG ligadas a la Iglesia.
fuetne: infobae