Reunido en Sucre, el tercer encuentro multisectorial advirtió con un paro de 24 horas para el 10 de febrero en caso de no ser derogado la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Los diferentes sectores de la cadena productiva, empresarios, gremial, transporte pesado además de cívicos asumieron la posición después de un análisis a la respuesta que dio el Gobierno por la disposición que consideran confiscatoria.
En el documento aprobado se exigir al poder Ejecutivo, al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, realizar las gestiones “inmediatas” para la derogación del artículo observado.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena, de abastecimiento de la cadena productiva realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero”, señala el punto cinco.
En los próximos días, los sectores que rechazan la Disposición Adicional Séptima presentarán una propuesta de ley con la respectiva derogación.
Por otro, lado, las instituciones que firmaron el documento acordaron no asistir a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición que convoque el Gobierno.
“Pedimos a nuestras autoridades que piensen en la población y nos dejen trabajar para continuar produciendo para seguir invirtiendo y para seguir haciendo circular el dinero en todo el territorio nacional”, añade el documento.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria (CNI), Pablo Camacho, consideró que la “mejor solución” al conflicto pasa por derogar la disposición para no llegar al 10 de febrero con el paro nacional.
“Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política, nosotros producimos”, añadió.
A pesar del rechazo, el Gobierno insistió en convocar a los diferentes sectores a dialogar para aclarar el objetivo de las medidas que se pretenden implementar o reglamentar en la disposición en cuestión.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por su parte, desde el Gobierno, aseguran que el presidente Luis Arce no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición séptima de la Ley del PGE.
“Nos hubiera encantado conocer cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que ellos (empresarios, transportistas y gremiales) tienen para pedirle al presidente que derogue o abrogue esta disposición séptima, sabiendo que la Constitución no le da esa atribución. El presidente no puede derogar, abrogar, modificar o dejar sin efecto una disposición normativa con rango de ley, esa es una atribución de otro Órgano del Estado”, explicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
Además de acuerdo con Silva, con esta disposición todos los niveles de gobierno del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.
fuente: la estrella del oriente